
El Plan de Barranquilla, aprobado el 22 de marzo de 1931 por un grupo de exiliados venezolanos liderado por Rómulo Betancourt en Colombia, es un documento que resuena con fuerza en la historia política de Venezuela.
Bajo el gobierno de Juan Vicente Gómez, figuras como Pedro Juliac, Ricardo Montilla, Mario Plaza Ponte, Simón Betancourt, Carlos Peña Uslar, César Camejo, Raúl Leoni, Pedro Rodríguez, Valmore Rodriguez, Juan J Palacios, Rafael Castillo y Rómulo Betancourt firmaron lo que sería el Manifiesto Político de la Agrupación Revolucionaria de Izquierda (ARDI), fundada a los pocos días en la misma ciudad de Barranquilla.
Entre los objetivos fundamentales del Plan de Barranquilla se encontraba la libertad de prensa, un derecho esencial para garantizar la participación ciudadana. También se abogaba por la alfabetización de las masas obreras y campesinas, reconociendo la educación como una herramienta clave para la emancipación y el progreso.
Además, se proponía la exclusión de los militares de la administración pública, buscando evitar la concentración de poder y promover un gobierno civil. Finalmente, se planteaba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, para refundar el país sobre bases democráticas.
Hoy, en una Venezuela donde nuestra democracia enfrenta nuevos desafíos, recordar el Plan de Barranquilla es un acto de resistencia y esperanza.
La lucha por el retorno de la democracia hoy en peligro de desaparecer, tras la crisis política actual creada por Nicolas Maduro el 28 de julio, tiene sus cimientos en los ideales de aquellos exiliados que soñaron con un país libre y justo.
Este documento histórico nos recuerda que la libertad no es un regalo, sino una conquista que requiere coraje, unidad y compromiso. El Plan de Barranquilla no solo es un testimonio del pasado, sino una guía para el presente.
El legado dejado por Betancourt y demás firmantes de El Plan de Barranquilla inspira a quienes creemos un futuro democrático, sin partidos inhabilitados, sin presos políticos y donde el respeto a la soberanía popular, sea la base fundamental para dirimir nuestras controversias políticas.


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