
Es una crítica a la corrupción moral dentro de ciertos sectores políticos.
En medio de la represión política selectiva y persistente, las amenazas directas a detenidos y excarcelados bajo control judicial y sus familiares, más el psicoterror público y el control mediático existente, corre como gangrena el empobrecimiento atroz de la mayoría de la población venezolana.
La deriva dictatorial abierta -adoptada por el PSUV, sus cómplices, satélites y asquerosos testaferros pudrimillonarios, a partir del fraude electoral del 28 de julio de 2024- catalizó el empeoramiento de las condiciones de vida, trabajo y estudio de nuestro pueblo. Solo la comandita de Miraflores y sus adláteres se atreven a negar y justificar lo injustificable. Este proceso de empobrecimiento general es inocultable: ya no les alcanza la censura y la manipulación impuestas por el gobierno usurpador.
Diariamente, se manifiesta por diversos indicadores económicos con severo impacto social, por ejemplo, la devaluación del bolívar y el congelamiento del salario mínimo nacional, establecido oficialmente el 15 de marzo de 2022, en 130 bolívares mensuales.
Para el lunes 27 de enero del corriente, el cambio oficial del dólar estadounidense fue fijado en 56,65 bolívares por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Ese llamado «Dólar BCV» es la guía legal para todas las transacciones comerciales y pagos equivalentes en bolívares, ya que hasta las tasas de servicios públicos son calculadas en moneda gringa. También corre el llamado «dólar paralelo», que no tomaremos en cuenta para este análisis de la coyuntura. Sin embargo, es relevante indicar que todas las transacciones delictivas -desde el narcotráfico hasta las extorsiones de bandas delictivas, grupos parapoliciales, policías y guardias nacionales corruptos, jueces y fiscales venales, todos los saqueadores del erario y sus similares- se realizan en dólares estadounidenses. Es decir, que la economía y la paraeconomía delictiva en Venezuela, están «dolarizadas» o impactadas por el costo de esa divisa.
Socialmente, importa mucho centrarnos en el salario y el salario mínimo en Venezuela, de los peores en el mundo: realmente una vergüenza histórica, acusación permanente contra los traidores al pueblo, sus trabajadores activos, jubilados y pensionados.
Comencemos por indicar que el «salario minimo madurista» está criminalmente congelado en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, contrariando lo establecido en la Constitución y a pesar de reclamos y protestas laborales en todos los sectores.
Con el dólar en 56,65 bolívares, el «salario mínimo madurista» cae a tan solo 2,29 dólares mensuales. Hay que recalcar que es una asignación mensual, porque cuando la desgajamos en 30 días, impacta la inexplicable ofensa a la dignidad de los trabajadores venezolanos de que el «salario mínimo diario madurista» es de apenas 0,07 dólares. Es decir, una jornada completa de siete horas por 0,07 dólares: siete centavos de dólar, neoesclavitud pura, vulgar y simple.
Y esta tragedia no para ahí: en Venezuela, la pensión del Seguro Social está homologada al salario mínimo, por lo que más de 5 millones de pensionados del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) reciben 2,29 dolares al mes, 130 bolívares devaluados.
Por otro lado, los jubilados de la Administración Pública carecen de las actualizaciones de sus asignaciones, y no perciben las compensaciones asignadas a los funcionarios activos.
De manera que, en general, la población de la tercera edad en Venezuela está sumida en la pobreza más absoluta con miserables pensiones y jubilaciones insuficientes para una vida digna en el retiro: incluyendo los tímidos bonos que les asignan por el «Sistema Patria», no les alcanza para comprar comida y medicinas. ¡Y olvídese de vestido, calzado, tratamientos médicos y esparcimiento! Sin exageración, es una vida muy lúgubre y sin esperanza, la de nuestros adultos y adultas mayores.
Como complemento de esta traición a trabajadoras y trabajadores activos, jubilados y pensionados, Maduro y sus ministros -en secreto acuerdo anticonstitucional con los sectores del capital- han complementado el congelamiento atroz del salario mínimo, las pensiones y jubilaciones, con una no menos atroz política de «bonificación del salario», que comienza con la engañifa de destruir y desacatar la noción de «salario mínimo» establecida en la Constitución vigente, inventando el concepto de «ingreso mínimo integral» para justificar la estafa al trabajador.
La trampa está -convenida con los espacios neoliberales del capital nacional e internacional- en que los bonos que "complementan el salario" (dicen) no son tomados en cuenta o imputables al pago de horas extras, fines de semana y días feriados trabajados, ni vacaciones, bonificaciones de fin de año, prestaciones sociales, pago de días no trabajados por enfermedad y pago de alicuotas de cajas de ahorro (casi todas destruidas por descapitalización).
Así, desaparecieron también el concepto de «salario integral», irrespetando la Constitución y los derechos laborales conquistados desde 1936, luego de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez.
Esta es la realidad salarial en la maltratada Venezuela de la comandita de Miraflores, el PSUV, sus complices, satélites y testaferros, enriquecidos hasta el asco, mientras nuestro pueblo muere de mengua en acelerado proceso de empobrecimiento.
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«El periodismo no es catequesis ni propaganda, es información veraz y análisis oportuno» Manuel Isidro Molina
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