Oscar Murillo de Provea: La opacidad en las excarcelaciones revictimiza a las familias, que desconocen si sus seres queridos están en la lista de liberados.

La Plataforma Comunicacional Punto de Corte abordó el 21 de julio de 2025 en su programa Agenda Común un tema crucial: la repatriación de venezolanos encarcelados en El Salvador y las recientes excarcelaciones en Venezuela. En una entrevista con Óscar Murillo, Coordinador General de Provea, los periodistas Vanessa Davies y José Gregorio Yépez analizaron este complejo escenario. Murillo destacó la opacidad del proceso, la vulneración de derechos humanos y la necesidad de justicia para los presos políticos, en medio de una coyuntura electoral marcada por la represión postelectoral del 28 de julio.

El diálogo, transmitido por la plataforma comunicacional, subrayó la importancia de los derechos humanos como eje transversal. Murillo, defensor incansable, cuestionó la falta de transparencia en las liberaciones y el impacto de un canje que, aunque alivia a algunas familias, refleja una crisis institucional. A continuación, exploramos los puntos clave de esta entrevista, centrados en la repatriación, las excarcelaciones y la lucha por la justicia.

Repatriación desde El Salvador: una violación de derechos
La deportación masiva de venezolanos desde El Salvador a Venezuela constituye un hecho grave, según Murillo. Este proceso, que nunca debió ocurrir, violó el principio de no devolución consagrado en la Convención de Viena, exponiendo a los migrantes a riesgos de tortura y tratos crueles. Provea denunció desde el inicio que no se evaluaron los casos individualmente, incumpliendo estándares internacionales. Las imágenes de los deportados, encadenados y exhibidos públicamente, profundizaron la indignidad, generando críticas hacia el gobierno salvadoreño y su aliado estadounidense. Este manejo, calificado como un “show mediático”, comprometió aún más la situación de los derechos humanos, evidenciando fallos en los sistemas de protección internacional.

Murillo señaló que el gobierno de Nayib Bukele, al autorizar esta deportación, se convirtió en cómplice de una acción que criminalizó masivamente a los migrantes venezolanos. Aunque el canje permitió el retorno de 252 personas, la opacidad del proceso dejó incertidumbre en las familias, que desconocen si sus seres queridos están incluidos. Este episodio, lejos de ser un alivio completo, expuso la fragilidad de los derechos humanos en la región.

Excarcelaciones en Venezuela: alivio con sombras
Las recientes excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, parte de un supuesto canje con Estados Unidos y El Salvador, representan un alivio para las familias afectadas, pero no una solución definitiva. Murillo lamentó la falta de criterios claros para determinar quiénes fueron liberados, destacando casos como el de Carlos Chancellor y William Dávila, ambos con problemas de salud. Sin embargo, otros como Américo de Gracia, con condiciones médicas similares, permanecen detenidos, lo que evidencia la arbitrariedad del proceso. La opacidad en las liberaciones, con 57 personas excarceladas hasta el momento, revictimiza a quienes aún esperan respuestas.

Provea exige que las excarcelaciones no se detengan y prioricen a personas con problemas de salud, mujeres y adolescentes. Murillo mencionó a presos de conciencia como Javier Tarazona y Rocío San Miguel, detenidos por años sin justicia. Además, destacó la situación de cuatro adolescentes cuya vida se ve truncada por un encierro injusto. La organización aboga por la libertad plena de todos los presos políticos, víctimas de una represión selectiva que persiste tras las elecciones del 28 de julio.

Opacidad y represión: el desafío de la transparencia

La falta de transparencia en el proceso de excarcelaciones es un punto crítico. Murillo cuestionó la ausencia de un listado oficial de liberados, lo que genera incertidumbre en las familias. La negociación, que involucró a Estados Unidos, Venezuela y El Salvador, careció de estándares claros, dejando dudas sobre los criterios de selección. Esta opacidad refuerza la percepción de un sistema que utiliza a los presos como moneda de cambio, deshumanizando a las víctimas. Provea denuncia que el gobierno venezolano mantiene una represión selectiva contra opositores, como los coordinadores de Vente Venezuela, encarcelados sin investigaciones sólidas.

El caso de Eduardo Torres, abogado de Provea, ilustra esta dinámica. Detenido arbitrariamente, Torres enfrenta una desaparición forzosa inicial y la negación de un abogado de confianza. Su situación refleja la falta de garantías judiciales en Venezuela, donde el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo incumplen su mandato de proteger derechos humanos. Provea reafirma su compromiso de no callar, a pesar de los intentos del gobierno por silenciarlos a través de estas detenciones.

Hacia un futuro de justicia y democracia

Murillo enfatizó que la crisis de legitimidad del gobierno venezolano, agravada tras el 28 de julio, impulsa estas maniobras políticas. El canje de presos busca reconocimiento internacional, pero no aborda los problemas de fondo, como la exclusión económica y la vulneración de derechos sociales. Las familias venezolanas enfrentan salarios devaluados, escuelas en crisis y una protección social inexistente. La paz, según Murillo, solo llegará con justicia y verdad, no con imposiciones autoritarias.

Provea y otras organizaciones, como Foro Penal y Justicia, Verdad y Perdón, acompañan a las familias de los presos políticos, exigiendo su liberación inmediata. La sociedad venezolana, lejos de resignarse, mantiene su lucha por la democracia y la restitución de instituciones que respondan a los ciudadanos. El desafío es resistir un modelo económico y represivo que viola derechos humanos, mientras se construye un país basado en consensos y convivencia democrática.

En conclusión, el programa Agenda Común de Punto de Corte puso en evidencia la complejidad de la crisis de derechos humanos en Venezuela. La repatriación y las excarcelaciones, aunque esperanzadoras, no resuelven las injusticias estructurales. Provea, liderada por Murillo, seguirá alzando la voz para exigir justicia, transparencia y libertad para todos los presos políticos, en un contexto donde la represión persiste y la lucha por los derechos humanos es más urgente que nunca.

Punto de Corte