Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) también se disparó el 15,14%, hasta los 104,86 dólares, antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.
En entrevista con la Agencia Reuters, el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, destacó que la administración de Trump está «despenalizando el petróleo que se va a vender».
El Departamento de Energía de EEUU planteó invertir en la rehabilitación del sistema eléctrico nacional y un levantamiento «selectivo» de sanciones. La gran condición es el control financiero sobre los recursos derivados de las exportaciones de crudo.
El presidente Donald Trump ya había adelantado que Estados Unidos estaría “profundamente implicado” en la reconstrucción petrolera venezolana, afirmando que el país posee “las mayores reservas del mundo y un potencial extraordinario”.
La compañía estadounidense Chevron ha afirmado en diversas oportunidades que opera a nivel mundial en cumplimiento con las leyes, así como con el marco de sanciones de Estados Unidos (EEUU).
El vicepresidente de la compañía estatal de oleoductos Transneft, Andréi Badalov, fue hallado esta mañana muerto en Moscú. «El cuerpo de Badálov fue hallado en la calle bajo las ventanas de su casa. La causa preliminar de la muerte es el suicidio», declaró una fuente citada por la agencia TASS, aunque la investigación sigue en curso.
"No se puede ideologizar un tema como este, porque estamos hablando del derecho de los pueblos al desarrollo", añadió en referencia al impacto en los mercados petroleros de las sanciones sobre industrias petroleras como la venezolana o rusa.
La puesta en marcha de este espacio paritario ha suscitado tanto valoraciones positivas ante las posibilidades de entendimiento como cuestionamientos por parte de diferentes organizaciones políticas, debido al alcance de las atribuciones que tendrá esta mesa y al papel que ejerce la directiva del Parlamento de 2015 en el desarrollo de estas negociaciones con el Gobierno.
Los gremios de Caracas y Monagas exigieron a la Gobernación el cese inmediato de cualquier mecanismo de coacción, persecución, veto o amenaza de acciones judiciales en contra de los reporteros que realizan la cobertura en las zonas damnificadas, ratificando su estado de alerta en defensa de la libertad de expresión.