Terremoto en Turquía y Siria: Más de cien detenidos mientras se investiga el derrumbe de edificios en Turquía

El lunes se desplomaron miles de edificios en Turquía que teóricamente deberían haber aguantado un terremoto de 7,7 grados de magnitud. Conmocionados, los turcos se debaten entre la impotencia y la rabia, pero han empezado ya a buscar culpables. Según la agencia estatal Anadolu, más de cien personas han sido detenidas en las diez provincias afectadas y el Ministerio de Justicia ha ordenado crear una unidad de investigación y el nombramiento de fiscales para perseguir a constructores y otros responsables de edificios que no cumplían la normativa.

El primer rostro lo puso el viernes, con su detención, el constructor del edificio que se ha tragado a más de 750 personas, en Antakya.

En el bloque residencial “de lujo” del detenido Yalçin Çoşkun en Antakya se cuentan entre 500 y 600 desaparecidos
 

El vuelo de Hüseyin Yalçin Coşkun entre Antalya y Estambul fue detectado por la policía y, cuando se disponía a tomar otro avión a Podgorica (Montenegro), la policía le echó el guante. Los cargos no están claros, pero los turcos han aplaudido que Çoskun no pueda abandonar el país y siga en comisaría. Mientras tanto, entre 500 y 600 personas –tras descontar las rescatadas, vivas o muertas– siguen atrapadas en la residencia Rönesans, el mamotreto de doce plantas donde Çoskun les vendió alguno de sus 250 “apartamentos de lujo”, con gran piscina comunitaria. Uno de los vecinos, ahora también sepultado, sería el internacional ghanés del Hatayspor, Christian Atsu. Aunque el inmueble, que cayó tumbado en lugar de desplomarse, ha dado varias alegrías a rescatadores y familias, se está llegando al límite de la supervivencia.

 La Vanguardia habló el jueves frente al edificio siniestrado con el pariente de una víctima. “Mi hermana vivía en el último piso, el de más fácil acceso, pero por desgracia está en el lado hacia el que cayó el edificio”, dijo. “En realidad eran tres bloques unidos. Primero cayó el del medio y luego otro y otro”. En el momento de la visita, los bomberos de Estambul y los voluntarios de la asociación AKUT trabajaban con la moral muy alta.

Bajo la caza simbólica de los constructores, aún incipiente, se esconde la irritación con el poder. Todo el mundo sabe que estos (muchos de ellos de la costa del mar Negro, como los padres del presidente Erdogan) son el nervio del Partido de la Justicia y el Desa­rrollo. Sobre todo tras la caída en desgracia de la cofradía de Fethullah Gülen, muy presente en la pequeña y mediana industria de los alrededores de Kayseri, antes la otra pata del partido. Las constructoras no solo han ganado dinero a espuertas durante las dos décadas de Erdogan –que han supuesto un gran salto adelante en infraestructuras–, sino que lo van a seguir ganando con la reconstrucción titánica que se avecina.

A los turcos les atormenta la sensación de que parte de dicho enriquecimiento haya podido ser a costa de rebajar la calidad de los materiales, burlar las reglas antisísmicas y sobornar a los inspectores. Antes del terremoto de 1999 bastaba con la licencia de las autoridades locales. Después se introdujo la supervisión obligatoria por profesionales externos. Luego, en el 2018, el AKP dio un paso más al prohibir que el ingeniero supervisor fuera escogido por la propia constructora. Lo que no ha cambiado Erdogan son las amnistías. Periódicamente hay una regularización de viviendas infractoras a cambio de una multa, cuyo importe se destina teóricamente a iniciativas antisísmicas. Los más acomodaticios señalan que si se obligara a todos los propietarios a adoptar las últimas medidas antisísmicas, la mitad del parque inmobiliario de Turquía debería ser derribado.

El constructor detenido ha contado con un defensor inesperado, Lütfu Savas, alcalde de la región metropolitana por el laicista Partido Republicano del Pueblo, que ha dicho que Çoskun es “un idealista, que seguramente cumplió con las reglas” y que “no se puede culpar de un terremoto a nadie”.