Agencia Alfayaracuy
El régimen madurista del PSUV está mostrando sus fauces fascistas. No es una exageración, es constatación sobre la cual deben reflexionar quienes están siendo arrastrados a la tolerancia e inmediata defensa de las aborrecibles prácticas de abuso de poder, vulneración de la justicia, desprecio manifiesto y altanero de los derechos constitucionales y, ahora, la pretensión de asesinar moralmente a quienes le oponen resistencia crítica al apartheid político imperante en Venezuela.
Recientes y resonantes hechos demuestran esta afirmación. Maduro y su 'Pedro Estrada del siglo XXI' se salieron de madre, creo que irreversiblemente: el sistema represivo impuesto no respeta derechos humanos esenciales, leyes ni Constitución; el protuberante control de los medios de comunicación del Estado y sus plataformas telemáticas, junto con conocidos y pudrimillonarios testaferros mediáticos, ha pasado de la censura, la mentira y las omisiones delictuosas, a la fase criminal del concierto cloacal para intentar difamar y asesinar moralmente a reconocidos defensores y defensoras de los Derechos Humanos, periodistas, abogados, economistas, dirigentes gremiales, sindicales y campesinos. No escapan al terror represivo fascista los académicos e investigadores universitarios de impecables trayectorias y meritorios aportes al conocimiento y la formación de profesionales críticos, a nivel nacional e internacional.
Como es común escuchar, «estamos llegando al llegadero», toda una desfachatez en el ejercicio innoble de la función pública, para preservar el poder usurpado y proteger mafiosamente a los saqueadores de Venezuela y a los violadores consuetudinarios de los derechos laborales, sociales y políticos establecidos en la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que desde 1999 le dio continuidad a las luchas históricas del pueblo venezolano.
Esta ola fascista de represión física y moral -que viene desde el fraude electoral presidencial del 28 de julio de 2024- ha sumado modos tan protuberantes como inaceptables. Al respecto, por obvias razones, llamo la atención de Su Santidad León XIV y los presidentes latinoamericanos progresistas Gabriel Boric, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, respectivamente de Chile, Brasil, Colombia y México.
Al papa León XIV y su representante en Venezuela, nuncio apostólico monseñor Alberto Ortega Martín, llamo su atención sobre el ámbito de la Comunicación Social, altamente afectado por los controles administrativos para la censura de contenidos desde Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones); el cerco económico que ha asfixiado centenares de medios en Venezuela; la persecución y encarcelamiento de periodistas y reporteros gráficos; el secuestro absoluto de los medios radioeléctricos y plataformas telemáticas del Sistema Público de Medios, para el sectarismo partidista gubernamental; y el establecimiento progresivo y creciente de medios privados en manos de testaferros enriquecidos mediante tráfico de influencias y negocios turbios con entes del Estado en los niveles municipal, estadal y nacional, desde donde elaboran y lanzan campañas nauseabundas, totalmente inmorales, en contra de individuos o colectividades, centros universitarios y organizaciones independientes de investigación y control de la función pública y sus efectos en la sociedad. Este estrafalario régimen comunicacional de censura y desinformación con uso y abuso de los recursos públicos, no es democracia; por el contrario, empobrece el debate nacional y la búsqueda indispensable de soluciones hacia el futuro. La Iglesia Católica puede jugar un ennoblecedor rol en esta materia.
A los presidente Boric y Lula, pido máxima atención a los factores y prácticas que en Venezuela están violentando los Derechos Humanos, sobre la base de un Sistema de Justicia violador de la Constitución Nacional y Pactos y Convenios Internacionales pertinentes. Aquí, el régimen de Maduro y el PSUV -con el concurso activo de la Fiscalía General de la República y los magistrados y jueces del Poder Judicial- no solo persigue policial y militarmente a la disidencia política, sino que de hecho ha extinguido históricas instituciones de estatura mundial como el «Hábeas Corpus» y el «Derecho de Asilo», demostrado por las decenas de personas secuestradas por agente militares, policiales y parapoliciales, que habitualmente secuestran, asaltan viviendas, sindicatos y centros de trabajo sin ordenes judiciales; y los muy conocidos casos de las embajadas de Argentina y Colombia en Caracas.
Es imposible, en este espacio, particularizar caso por caso, pero afortunadamente han sido sistematizados por diversas organizaciones independientes como el Foro Penal Venezolano y Provea, entre otras. Sin embargo, es necesario resaltar prácticas viciadas y criminosas como:
1. Negación del derecho a la defensa con abogado de confianza, ya que el régimen impone en la oscuridad de los calabozos y los tormentos de la tortura física y psicológica de los encarcelados, la nefasta acción de los «defensores públicos» (abogados empleados y dependientes del Poder Judicial), totalmente serviles al sistema represivo en contra de los intereses de sus 'defendidos';
2. Actuaciones viciadas de los fiscales del Ministerio Público en contra de los procesados, sin ejercer el control primario de la calidad de las investigaciones penales y la tipificación de supuestos 'delitos' emanadas de los organismos represivos gubernamentales, evidenciando el cohecho entre los agentes del gobierno y los representantes del Ministerio Público en el procesamiento de miles de ciudadanos y ciudadanas, en su mayoría inocentes, dirigentes políticos, sociales, gremiales y sindicales, a los cuales Nicolás Maduro tuvo el insólito atrevimiento de calificar públicamente de «terroristas» en julio de 2024;
3. Jueces venales, que conocen perfectamente de la inconsistencia de los supuestos 'delitos' sembrados a los prisioneros de conciencia, se prestan servilmente a calificar como válidas las imputaciones fiscales en la fase inicial de todos los procesos judiciales;
4. El Poder Judicial hace parte del sistema represivo impuesto en Venezuela, sin defensores privados ni lapsos procesales ajustados al Código Procesal Penal, siendo la preferencia del Ejecutivo represor y la Fiscalía cómplice, encarcelar a la mayoría de los reos por delitos difusos como 'incitación al odio', 'traición a la patria', 'asociación para delinquir' o 'delitos de rebelión'. Este horror de injusticia y represión impune existe en Venezuela, hoy, estimados presidentes. Las desapariciones forzadas son una constante, en total indefensión y silenciamiento; igual, el maltrato físico y psicológico de los detenidos, y casos de sistemática tortura, con antecedentes de muertes de prisioneros por lesiones infringidas o por negación de buena alimentación y oportuna asistencia médica con sus respectivos tratamientos.
Presidentes Petro y Sheinbaum: soliciten a sus embajadores, informes específicamente referidos al apartheid político impuesto por Maduro, el PSUV y sus testaferros. El Consejo Nacional Electoral es un antro represor de la pluralidad nacional y gestor de fraudes electorales, hasta el punto de su total desprestigio nacional e internacional. ¿Quien toma en serio los 'resultados' que emite el CNE en Venezuela, especialmente desde el grotesco fraude electoral presidencial del 28 de julio de 2024? El sistema electoral venezolano es 100% fraudulento y hace parte de la discriminación política e ideológica, y de la negación del legítimo derecho constitucional a la participación política, gremial y sindical. Centenares de corrientes políticas han sido represadas por el CNE, sin posibilidad práctica de registro de organizaciones con fines políticos. Solo 'autorizan' -y hasta 'regalan'- las que interesan al PSUV. Es un Poder Electoral venal, prosternado a las maniobras ordenadas por Maduro y su entorno civil, militar y empresarial. La mayoría de los partidos políticos han sido bloqueados por el CNE o intervenidos judicialmente por las salas Electoral y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, claramente al servicio del PSUV. Su obediencia es supina, sin autonomía ni pudor.
Pudiera agregar mayores detalles de la monstruosa realidad que sufrimos en Venezuela. Pero la sensatez impone mesura. Sí quiero enfatizarles, con mi respeto y afecto a la colectividad católica venezolana y latinoamericana, y a los amados pueblos de Brasil, Chile, Colombia y México, que nuestra Patria de Libertadores se asfixia en tan profunda tragedia histórica de empobrecimiento moral y depauperación social con niveles de pobreza insospechados para un país petrolero, hoy con un salario mínimo mensual de 130 bolívares (0,95US$).
Es hora de solidaridad activa, para bien del pueblo venezolano que tanto ha dado por la libertad y la justicia social en America Latina y el Caribe. Sumamos nuestra voz en apoyo al amplísimo y plural deseo de cambio del pueblo de Bolívar. Lo creemos posible en paz, cívicamente y con absoluto respeto a nuestra soberania e independencia nacional: la renuncia de Maduro es la puerta de un gran acuerdo patriótico nacional.
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