Soberanía o sumisión: Un llamado a la conciencia y unidad de  los venezolanos

La catástrofe natural que recientemente sacudió a nuestra nación no solo dejó a su paso una estela de infraestructura colapsada y dolorosas pérdidas humanas; también desnudó, con fría crudeza, la pérdida dramática de nuestra autonomía. Bajo el noble y urgente pretexto de la asistencia humanitaria, hoy asistimos a un despliegue militar extranjero que controla nuestros cielos, gestiona las pistas de Maiquetía, custodia nuestras comunicaciones y patrullan las aguas de La Guaira. Detrás del auxilio legítimo, se ha instalado un dispositivo foráneo con capacidad operativa sobre los puntos más estratégicos del Estado. Sin embargo, la mayor gravedad de esta hora no reside en la incursión externa, sino en la preocupante capitulación moral y política de nuestra propia dirigencia.

 

Mientras el suelo aún se estremece, las facciones políticas tradicionales permanecen absorbidas por un canibalismo estéril por el poder interno. La soberanía nacional ha pasado a un segundo plano, convertida en una mercancía de cambio para ganar favores del tutor de turno. Se ha normalizado una cultura política donde la tutela ya no se percibe como una anomalía, sino como el marco cotidiano para hacer política, conduciéndonos hacia la lógica degradante de un protectorado informal. Ante este vacío de voluntad nacional, la gravedad de la situación nos obliga a deponer las armas del conflicto menor para mirar de frente el peligro mayor. Este diagnóstico no debe ser un catalizador para profundizar las heridas de la polarización ni para generar nuevos roces internos que debiliten aún más al país. Por el contrario, debe ser una interpelación sincera, constructiva y urgente a la conciencia de todo el liderazgo venezolano, tanto del Gobierno como de la oposición, para entender que ninguna facción ganará legitimidad si el precio de gobernar es aceptar la sumisión.

 

Para revertir este régimen de tutela y reconstruir la dignidad de la República, la nación necesita una ruta racional, estricta y urgente basada en el consenso. El primer paso innegociable es la concreción de un Pacto de Estado que declare una tregua institucional, estableciendo que la defensa del territorio está por encima de cualquier cálculo electoral. Para disipar la desconfianza mutua y garantizar el estricto cumplimiento de este camino, es imperativo constituir una Junta de Gobierno concertada y de unidad nacional. Este órgano debe estar integrado por notables de nuestras fuerzas vivas y sectores institucionales, bajo perfiles técnicos y académicos de intachable reputación, completamente desvinculados de la militancia activa actual. Será esta Junta la encargada de conducir la reinstitucionalización del país, iniciando un plan de transición técnica para que el personal civil y militar venezolano reasuma el control operativo de Maiquetía y La Guaira, exigiendo además la sustitución del 

contingente militar extranjero por agencias civiles multilaterales como la ONU o la Cruz Roja. En el plano político e internacional, la Junta de Gobierno tendrá la responsabilidad de ejecutar una diplomacia de bloque que fije plazos estrictos e improrrogables para el retiro total de las tropas extranjeras, sumando el respaldo de los países hermanos de la región para supervisar el proceso. Paralelamente, se activará una ruta electoral democrática definitiva: el nombramiento, en un plazo máximo de 90 días, de un Consejo Nacional Electoral transparente, técnico y despolitizado, que tenga como meta prioritaria convocar a elecciones generales en un tiempo máximo que considere la junta de gobierno. De esta forma, el poder 

originario será devuelto al pueblo como único soberano legítimo.

 

Este esfuerzo, sin embargo, no puede depender únicamente de las cúpulas. La reconstrucción de la patria exige convocar la energía y el compromiso de todas las fuerzas vivas del país como el gran motor que guíe la incorporación masiva, activa y voluntaria de toda la ciudadanía.