Todavía el gobierno colonial Rodríguez/PSUV no se decide. Sigue entre las tentaciones de abrirse totalmente al descaro cipayista o retomar el esquema represivo madurista.
A Delcy Rodríguez Gómez le cuesta un mundo aparecer de abrazos y besitos con la máxima representante local del pedófilo y asesino internacional Donald Trump y sus chacales Pete Hegseth y Marco Rubio; y simultaneamente, reimponer el cierre de las calles en el centro de Caracas, activando el 'protocolo del saboteo' aplicado ayer 23 de marzo, en contra de la marcha laboral en defensa de salarios justos, pensiones dignas y los demás derechos constitucionales pisoteados por Nicolás Maduro Moros, Delcy Rodríguez Gómez y sus ministros del Trabajo, todos de muy mala reputación y amplia sinvergüenzura, sin excepción.
Ese 'protocolo del saboteo' es muy costoso, además de inconstitucional con su esquema represivo a cargo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), edulcorado pero amenazante y coactivo.
¿Por qué 'costoso'? En tres aspectos: dilapidación de los recursos públicos (1), efectos políticos nacionales e internacionales (2) y degradación de la dignidad de los empleados públicos involucrados forzosamente bajo coacción y amenazas de castigos burocráticos.
1.- Los gobiernos de Chávez y Maduro dejaron una pestilente estela de corrupción sin solución de continuidad durante el larguísimo y turbulento lapso 1999/2026, contado hasta el 3 de enero pasado. No solo por el masivo robo -descarado y pendenciero- de recursos del erario, sino por el peculado de uso y desviación delictiva de recursos públicos para financiar las 'movilizaciones' burocráticas controladas: autobuses, tarimas, equipos de sonido y hasta meriendas pagadas contra los presupuestos de entes públicos nacionales, estadales y municipales. ¡El propio festín a cielo abierto! La gestión consular actual está retomando el mismo camino, como lo demostró ayer en Caracas.
2.- Quienes ordenan e imponen ese 'protocolo de saboteo' sufren el costo político de su mayor desprestigio, por razones obvias, desnudos como quedan ante los trabajadores activos, jubilados y pensionados que reclaman sus derechos, y frente a los venezolanos y venezolanas, en general. Internacionalmente, el gobierno cipayo que se acobardó y traicionó sus obligaciones constitucionales frente a la agresión imperialista del 3E, carece de respeto y reconocimiento por su entrega a los dictados monroístas del corrupto y agresivo gobierno de Trump, Hegseth y Rubio, los asesinos del Caribe. Sigue en su rodada.
3.- El 'protocolo del saboteo' del PSUV mostró su cara burocrática y el sesgo violento y delictivo de los grupos parapoliciales, mal llamados «colectivos».
3.1. Desde las cúpulas burocráticas bajaron las órdenes coactivas y las 'cuotas de movilización', como lo testimoniaron diversos empleados públicos que recibieron esas directrices. Los hicieron ir -controlados- a sabotear la marcha laboral legítima, con sus respectivos uniformes de trabajo. Esa degradación de la autoestima laboral es lamentable y, en cierta forma, dolorosa, humanamente hablando.
3.2. La tapa del frasco fue la reaparición de los delincuentes parapoliciales motorizados, amenazantes y desaforados tratando de intimidar a los marchistas, propósito que no lograron: la gente defendió su derecho a protestar. ¡Punto, malandros tarifados de mierda!
La lucha continúa. Mantendremos en alto el compromiso por la defensa de la dignidad y los derechos sociales constitucionales de las trabajadoras y trabajadores activos, jubilados y pensionados de Venezuela, patria de Libertadores, no de cipayos coaligados.
Manuel Isidro Molina
