Agencia Alfayaracuy
Este lunes 9 de junio se cumplió un mes de la detención de Eduardo Torres, defensor laboral y miembro del equipo legal de la organización Provea, a quien apresaron el viernes 9 de mayo cuando lo vieron por última vez en la urbanización Parque Central en Caracas cuando salía de una actividad.
Por más de 90 horas, el paradero de Torres no se conocía, por lo que organizaciones y defensores de derechos humanos calificaron esa acción como una desaparición forzada.
La detención la confirmó días después por el fiscal general Tarek William Saab, quien señaló que Torres enfrenta cargos por presunta «conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir», acusaciones que cuestionan tanto Provea como otras organizaciones de la sociedad civil venezolana que consideran este tipo de acciones como parte de una estrategia de criminalización contra defensores de derechos humanos en el país.
Torres se encuentra en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide. Provea denuncia desde su arresto que el defensor de derechos humanos se encuentra incomunicado, sin acceso a visitas de su familia ni de sus defensores de confianza.
Torres trabaja como profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UV), es sindicalista y estudiante de postgrado, además, el abogado fue beneficiado con medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el año 2024.
Ante su arresto Provea presentó recursos legales, incluyendo un hábeas corpus, para exigir información sobre el estado de Torres. Sin embargo, las autoridades no han proporcionado respuestas.
“Su aislamiento prolongado viola gravemente sus derechos”, escribió Provea en una publicación en la red social X la mañana de este lunes 9 de junio.
La detención de Torres se produjo en un clima de detenciones contra activistas por los derechos humanos en el país, donde también se han documentado detenciones como la de Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda, quienes han sido acusados por presuntos delitos vinculados al terrorismo.
Provea insiste en que su detención responde a una política de represión contra quienes alzan la voz en el país.
Amnistía Internacional condenó la detención de Eduardo Torres al calificarla como parte de una política sistemática de represión impulsada por la gestión de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional alerta sobre la continuidad de una política sistemática de represión en #Venezuela.
Denuncian que la detención arbitraria del abogado y defensor Eduardo Torres, miembro de PROVEA, es parte de un patrón sostenido por Maduro, #LiberenAEduardoTorres:
“Por… pic.twitter.com/3K7ynhH798
— PROVEA (@_Provea) June 9, 2025
La organización añadió que la detención de Torres es arbitraria y refleja un patrón sostenido para silenciar a defensores de derechos humanos.
Erika Guevara, directora senior de la ONG, destacó en un video publicado este lunes, que Torres cumple un mes privado de libertad tras una desaparición forzada. La organización denunció las condiciones de incomunicación y el estado preocupante de su reclusión y exigió libertad inmediata para el abogado.
El Observatorio de Defensores de Derechos Humanos se sumó a las demandas emitidas por distintas organizaciones. Instó al Estado venezolano a garantizar la integridad de Torres. La organización enfatizó que la criminalización de activistas busca desmovilizar a la sociedad civil en el país.
Provea responsabilizó al Estado por la seguridad de Torres y exigió información oficial sobre su situación legal, acceso a defensa privada, visitas familiares regulares y respeto a sus derechos fundamentales.
Fundación para el Debido Proceso @DPLF_info expresa su consternación por la detención arbitraria del defensor y miembro de PROVEA, Eduardo Torres:
“Un mes detenido, sin acceso a su abogado y en condiciones deplorables”
Exigen su liberación inmediata. #LiberenAEduardoTorres pic.twitter.com/4DCHLkaBYM
— PROVEA (@_Provea) June 9, 2025
La Cidh expresó su preocupación por el caso al recordar que Torres está protegido por medidas cautelares. La entidad también instó a las autoridades venezolanas a esclarecer su situación y cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Amnistía Internacional activó una alerta global por el caso de Torres, junto con los de otros defensores detenidos. La organización llamó a la comunidad internacional a no permanecer pasiva ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Información de Efecto Cocuyo
