El Pentágono en el Timón: El Negocio Petrolero y la Democracia Venezolana

Desde hace unos días, el debate energético en Venezuela gira en torno al sorpresivo anuncio protagonizado por Donald Trump y respaldado posteriormente por Delcy Rodríguez. Con el paso de los días, el mandatario estadounidense ha terminado por arrojar luz sobre los contornos reales de un pacto petrolero avalado directamente por el Pentágono. Lo que sobre el papel se presenta como una audaz jugada de seguridad hemisférica revela, en la práctica, una arquitectura corporativa donde el pragmatismo crudo de Estados Unidos choca frontalmente con las aspiraciones democráticas de millones de venezolanos.

 

En el centro de este tablero surge NABEP (North American Blue Energy Partners), una empresa ya instalada en el país y vinculada al controvertido empresario Alejandro Betancourt, convertida ahora en la pieza "clave "de unas monumentales concesiones sobre 17 campos petroleros venezolanos. Bajo los términos de este acuerdo, el Pentágono se asegura un 25% de participación accionaria en la compañía, mientras que el Departamento de Estado blinda el derecho imprescriptible de adquirir el 20% de toda la producción —actual y futura— al puro costo de producción, ostentando además un derecho preferente sobre el 80% restante.

 

Ante la resistencia de las grandes corporaciones petroleras por la precaria seguridad jurídica del país, Estados Unidos decidió poner el ejemplo de inversión a través del Pentágono, enviando un mensaje claro a las transnacionales: "Yo asumo el riesgo político; ahora pueden ustedes hacer las inversiones necesarias".

 

Hoy, Washington impone: poder absoluto sobre los miembros de la junta directiva, exigencia de mayoría de ciudadanos estadounidenses en su composición y una supervisión financiera milimétrica. Sin embargo, surge una paradoja ineludible: si bien este movimiento busca expulsar de los yacimientos a los operadores rusos, chinos y a los viejos aliados de la nomenklatura chavista, la sombra de la propia NABEP y el papel que juega Betancourt abren una profunda incógnita sobre si conserva algún margen de poder real?  o si Trump se ha apropiado definitivamente de las riendas del negocio?

 

 

La línea discursiva de Estados Unidos promete una bonanza económica sin precedentes: recuperación industrial, miles de empleos, auditorías rigurosas y una estricta supervisión bancaria para garantizar que los recursos beneficien al pueblo venezolano. No obstante, estas promesas macroeconómicas chocan violentamente hoy con la realidad de las calles.

 

Mientras entre gallos y medianoche se celebran acuerdos multimillonarios de los cuales los ciudadanos nos enteramos mediante anuncios distorsionados, las regiones del país sufren apagones implacables de hasta nueve horas diarias. Los venezolanos todavía esperan que vuelva la luz al final del túnel.

 

El horizonte norteamericano parece ir mucho más allá de las fronteras venezolanas. Al articular un eje energético que abarca Canadá, México, Venezuela, Guyana, Brasil y Argentina, la administración de Trump busca consolidar un contrapeso hegemónico frente a la OPEP. Se blande la cifra de 65.000 millones de barriles en reservas, una estimación generosa pero que queda en entredicho, ya que se presume que el fallecido expresidente Hugo Chávez infló dichas cifras, ubicándolas con mayor realismo entre los 20.000 y 25.000 millones de barriles tras descontar los factores reales de recobro.

 

Para la estructura de Delcy Rodríguez, el acuerdo será que  representa un salvavidas político?   EEUU actualmente está  en sus niveles más bajos desde 1980—, su estabilidad deja de ser una variable incómoda para convertirse en un activo geoestratégico.

La ecuación es transparente: a cambio de entregar el control operativo y fiscal de la principal riqueza nacional, las altas esferas del régimen será que obtienen blindaje frente a investigaciones internacionales ? Ó un carril preferencial para legitimarse en futuras elecciones ? O simplemente dejar el poder de la forma menos traumática posibles?

 

Durante años, la premisa fundamental fue que la comunidad internacional apoyaría una transición democrática a cambio de legitimidad institucional y un marco de seguridad jurídica para invertir en la industria petrolera. Hoy, Washington optó por un camino corto que no es más que ejecutar el negocio petrolero sin esperar la salida del poder, subordinando los plazos de la democracia a la urgencia energética.

 

Aunque la administración estadounidense insiste en que la recuperación de la inversión y la producción son condiciones previas para avanzar hacia una transición política, la secuencia temporal revela una cruda verdad ante el riesgo "  latente" de la "normalización "del autoritarismo. En Venezuela corren simultáneamente dos relojes: el del petróleo y el de la democracia. El primero ya arrancó con campos concesionados, juntas auditoras y marcos jurídicos blindados en tribunales extranjeros; el segundo sigue atado a nudos de diálogo y mesas de negociación con fecha incierta de cambios para el país todavía.

 

La pregunta de fondo que resuena tras este pacto multimillonario trasciende la geopolítica de las grandes potencias:

 

¿Está este acuerdo financiando el doloroso y legítimo camino hacia una nueva Venezuela, o simplemente está haciendo tan rentable y blindada a la autocracia actual que ya nadie en los centros de poder global tendrá prisa por cambiarla?

¿Liberaran a todos los presos políticos?

 

 

¿No seguirán las persecuciones?

 

¿Tendremos instituciones firmes y  sólidas?

 

¿Habrá anuncios de calendario electoral?

 

¿Se acabará  las Inhabilitaciones para cargos de elección popular por pensar diferente? 

 

Los venezolanos queremos un país en desarrollo, donde podamos ejercer el voto y este sea respetado. Sin embargo, cada ciudadano venezolano y cada inversionista en el mundo observa en nuestra nación un potencial enorme para formar parte de un proceso de cambio democrático real.