ARCO MINERO DEL ORINOCO: «Entre la Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la nueva Ley Orgánica de Minas»

Vladimir Aguilar Castro: Abogado, politólogo, profesor titular de la Universidad de los Abdes (ULA)

Históricamente, el modelo económico venezolano ha dependido de la extracción de recursos hidrocarburíferos, siendo el antecedente de la crisis actual.

El modelo de acumulación energética ha estado basado en sobreutilización de la energía fósil.

El Estado rentista petrolero, desde el inicio de la explotación comercial a principios del siglo XX, la nacionalización y la dependencia de la exportación de crudo, ha venido profundizándose conforme se ha acentuado el negocio petrolero.

La caída de los precios del petroleo, la falta de inversión, la crisis institucional de PDVSA y las sanciones económicas internacionales, catalizaron el colapso de la producción de energía fósil.

Con la actual guerra en el Oriente Medio, Venezuela vuelve a una doctrina petrolera renovada, la cual consiste en ser proveedor seguro y confiable, en tiempos de paz y de guerra, pero esta vez a un solo socio: los Estados Unidos. 

El nuevo contexto geopolítico y legal de la expansión de la frontera al norte y al sur del Orinoco

El Estado venezolano, en su afán de adoptar leyes para flexibilizar la explotación y atraer capitales en un contexto de crisis, aprueba al unísono, una reforma de la Ley de Hidrocarburos, y una nueva Ley Orgáníca de Minas.

Al Norte del Orinoco (Hidrocarburos): la Faja Petrolífera del Orinoco, como reserva estratégica, con un nuevo piso legal mediante la Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, busca flexibilizar la participación del capital privado y extranjero, cediendo control operativo a lo que antes era exclusividad del Estado, para intentar reactivar la industria frente al aislamiento geopolítico.

Al Sur del Orinoco (Minería): el punto de inflexión hacia el sur lo constituyó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), en el año 2016, como respuesta estatal para sustituir la renta petrolera con la renta minera (oro, coltán, bauxita, diamantes, entre otros).

La transición de la proliferación de la minería informal e ilegal hacia un intento de formalización estatal mediante la nueva Ley Orgánica de Minas, a través de alianzas estratégicas, empresas mixtas y el papel de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), plantea un nuevo relanzamiento del extractivismo ya no solo hidrocarburífero sino minero.

Los derechos ambientales e indígenas ante las nuevas dinámicas extractivas

 Los derechos ambientales e indígenas reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), contrastan con las reformas legales y económicas que se pretenden con la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la nueva Ley de Minas.

 Ambos instrumentos legales chocan con la realidad sobre el terreno y la Constitución.

 Salvo la Ley Orgánica de Minas que de manera tímida plantea la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, dejando fuera del ámbito de jurisdicción de la ley a los parques nacionales y monumentos naturales, la reforma de la Ley de Hidrocarburos omite la garantía de derechos ambientales e indígenas.

Con esta expansión extractiva no cabe duda que el colapso socioambiental se va a profundizar al sur del Orinoco.

 La deforestación acelerada en la Amazonía y la Guayana venezolana, la contaminación de cuencas hídricas vitales como el río Caroní y el propio Orinoco por el uso indiscriminado de mercurio y cianuro, dan cuenta de una arremetida sin limites a los derechos ambientales.

Por otra parte, la vulneración de los derechos indígenas evidencia una afrenta al derecho a la consulta previa, libre e informada y de buena fe, establecida en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT, así como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El impacto directo sobre los pueblos originarios, incluyendo el desplazamiento forzado, la crisis sanitaria (epidemias de malaria), y la alteración de sus modos de vida tradicionales, vuelve a poner en marcha un genocidio silencioso hacia las culturas ancestrales de la Amazonía venezolana.

El interés geopolítico global con la venia del Estado venezolano en la explotación de recursos hidrocarburíferos y mineros, viene a plantear la continuación del mismo saqueo pero esta vez con orden.

La violencia generada por la presencia de actores armados no estatales (sindicatos mineros, grupos irregulares, etc.) que controlan los territorios en disputa, entrarán en una nueva fase de choque con las guardias corporativas de las empresas transnacionales que entrarán a operar en los territorios ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas amazónicos.

El panorama luce bastante sombrío y desolador para los pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana, lo cual obliga a la búsqueda de estrategias desde los territorios indígenas para el fortalecimiento de sus bases organizativas y comunitarias, a través del impulso de mecanismos propios de gobernanza territorial.

La demarcación mediante la autodemarcación de sus hábitats y tierras ya no es una necesidad sino una urgencia.