El Colegio Nacional de Periodistas, fiel como siempre ha sido a la Constitución Nacional en el mandato de las leyes de la República, incluida nuestra Ley de Ejercicio profesional, en la protección y profundización de la democracia en Venezuela, expresa ante la Nación y la comunidad internacional, lo siguiente:
Con gran alarma, la Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas eleva su voz de protesta ante la creciente represión hacia los medios y hacia nuestros colegas que se ha generado a partir del 29 de julio.
Al oscurantismo mediático que veníamos viviendo antes de esa fecha, el cual hemos venido denunciando en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos años, puesto que en las últimas semanas se ha desatado una escalada brutal y sistemática represión no solo contra los periodistas, reporteros y fotógrafos que laboran en el área de la comunicación social, sino contra todo ciudadano que se atreva a disentir de la narrativa oficial en cuanto a los resultados de las elecciones. Así pues, a los 400 medios que la ONG Espacio Público ha reportado como desaparecido, hay que sumar aquellos que han sido bloqueados, incluyendo la red social X (anteriormente conocida como Twitter), inaccesible para los venezolanos por una decisión del ejecutivo nacional y el llamado a desinstalar de los teléfonos la aplicación WhatsApp, por órdenes inconstitucionales emitidas por funcionarios militares y policiales, de exigir acceso a datos contenidos en dispositivos electrónicos, violando secreto y confidencialidad de las comunicaciones privadas, además de las múltiples denuncias por prácticas de extorsión que deben ser investigadas, lo que les ha acarreado pérdida de sus equipos o puestos de trabajo.
Desde las protestas poselectorales, se han producido 88 casos de violaciones a la libertad de expresión, que van desde detenciones de ciudadanos, periodistas, trabajadores de los medios, expulsión de periodistas y bloqueo de medios acentuando aún más la censura en los medios de comunicación al establecer una censura digital como política de Estado.
