El “PASO” para reinstitucionalizar a los partidos políticos judicializados

El golpe maestro del “Madurismo” para crear una oposición a su medida, a partir de la derrota que amenazó con acabar el régimen en 2015, cuando la MUD obtuvo las 2/3 partes de la Asamblea Nacional; no cabe duda que lo fue, la judicialización de los partidos políticos más importantes mediante sucesivas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; siendo la primera de ellas, la referida al partido Acción Democrática en junio de 2020, cuando se suspendió a su directiva original. 

El resto de las agrupaciones políticas más importantes como COPEI, Primero Justicia, Voluntad Popular, Bandera Roja, Partido Comunista de Venezuela y tantos otros, también fueron cayendo uno a uno, como víctimas de esa modalidad y de las intervenciones administrativas, hasta quedar divididos en distintas facciones, unas que todavía se disputan las tarjetas así como los símbolos y otras que dieron origen a nuevos partidos. 

Esa jugada política, en vísperas de las elecciones parlamentarias de ese año, generó desde el seno de la Asamblea Nacional una alianza que fracturó al antichavismo, surgiendo una oposición de sesgo oficialista hasta el sol de hoy, aunque notablemente disminuida en las elecciones del 2025. 

Sin embargo, la judicialización ha sido una espada de Damocles, que pesa sobre la cabeza de todos esos partidos provocando en sus actuales voceros, una pesadilla recurrente, donde aparece el mismo TSJ que los puso allí, dado el cambio de la situación política actual, devolviéndole el manejo de esas organizaciones a las directivas destituidas. 

Para desechar esa instancia como alternativa de recomposición, se hace necesario la reunificación de los partidos políticos desde la base. 

Idea que va más allá de un ejercicio retórico, siendo el reto de quienes somos la expresión viva de la insatisfacción por el torcimiento que ha divorciado a nuestros partidos del sentir de las grandes mayorías venezolanas.

Ahora bien, desde el 3 de enero de 2026, la realidad nacional se ha transformado sustancialmente bajo la influencia de la presencia de los Estados Unidos de Norte América en el territorio. Este nuevo escenario internacional ha catalizado un proceso de rectificación que debe ejecutarse mediante una secuencia lógica y jerárquica de tres etapas, a saber: estabilización, recuperación económica y transición democrática. 

La viabilidad de este cronograma depende de una premisa: la autonomía de los actores políticos. Sin partidos políticos autónomos no habrá democratización de la sociedad venezolana y sin ella será imposible recuperar la república. 

El análisis estratégico, realizado por especialistas, advierte que la estabilidad histórica de Venezuela se fundamentó en un sistema de partidos con tendencias "centrípetas" de competencia política y un fuerte enraizamiento social. 

Restaurar esta competencia cooperativa es el objetivo central. La pérdida de la función pedagógica y representativa fracturó el sistema. 

De allí, que en el caso de Acción Democrática, un grupo de militantes y dirigentes nacionales, regionales y locales, hemos asumido el reto de liderar la reinstitucionalización no sólo a lo interno, sino como un modelo de gestión para todo el ecosistema político venezolano. 

No podemos gestionar la recuperación de la nación, mientras nuestra propia casa institucional no haya sido saneada mediante la legitimación democrática.

Por todo lo expuesto, frente a la estrategia de la judicialización y cooptación utilizada para neutralizar a la alternativa democrática, las bases de Acción Democrática proponen una salida técnica y ética que trasciende el cambio de nombres. 

Esta es la alternativa para devolver la representación de nuestras organizaciones a los ciudadanos y sus militantes.

En tal sentido, se propone la implementación de un proceso de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). 

Este mecanismo debe funcionar como el filtro definitivo de integridad y legitimidad, permitiendo la actualización y el cambio de autoridades internas con la debida antelación a cualquier sufragio nacional o presidencial; garantizando condiciones de integridad y blindaje institucional mediante un proceso inmune a la manipulación judicial oficialista o a vicios internos de cada partido. En otro artículo ampliaré los detalles de cómo dar este PASO.