EL agravamiento de las nuevas tensiones en el territorio del Esequibo serían estimuladas por la empresa estadounidense enfrentada al gobierno venezolano.
Actualidad lo más reciente16 de marzo de 2025
Agencia Alfayaracuy
La denuncia de la fuerza armada bolivariana sobre la presencia de 28 naves de la petrolera Exxon-Mobil en operaciones de perforación en aguas sin delimitar en territorio venezolano del Esequibo fue respondida por Georgetown con la solicitud ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para que prohíba la elección anunciada para el 25 de mayo de gobernador, diputado nacional, y legisladores regionales del nuevo estado Esequibo.
Al mismo tiempo el presidente Nicolás Maduro y la Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez mostraron documentos que prueban la presión de la Exxon-Mobil ante el gobierno de Donald Trump para revocar la Licencia 41 que autoriza las operaciones en el país de su competidora la empresa Chevrón en el marco de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Se sabe además que la presencia de la compañía petrolera en el vecino país va más allá del negocio energético y representa un verdadero factor de poder apuntalado directamente por el Comando Sur de USA conjuntamente con la diplomacia de la Casa Blanca. Como escribe la analista Indira Urbaneja: “Exxon está creando un país a su justa medida, lo que quedará registrado para la historia”.
Exxon-Mobil abandonó Venezuela en el año 2007 tras no haberse apegado a las leyes nacionales que obligan a producir en sociedad con PDVSA con una participación menor. Desde entonces, la empresa se ha embarcado en una serie de recursos de arbitraje en tribunales internacionales, los cuales ha perdido y en otros ha invertido en “lobbies” para fallar contra Venezuela. Al mismo tiempo, se encuentra con Chevrón en una carrera por la mayor cantidad de yacimientos bajo su dominio y participación en los mercados en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
El viejo conflicto limítrofe pasa ahora a la confrontación geopolítica de las grandes potencias con el riesgo de la guerra
En un nuevo gesto de alineamiento con los intereses militares de Washington, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, se reunió el 13 de marzo en Houston con el general Randall Reed, 15.º comandante del Comando de Transporte de Estados Unidos (Ustranscom, según siglas en inglés).
El encuentro tuvo lugar en el marco del CERAWeek, un influyente foro energético organizado por S&P Global donde las grandes corporaciones del sector debaten estrategias globales. La reunión no dejó dudas sobre el papel de Georgetown como un operador de los intereses estadounidenses en el Caribe, al abordar mecanismos de cooperación en seguridad y reforzar la presencia bélica en la región.
Este acercamiento con el alto mando estadounidense se da en un contexto de crecientes provocaciones en el Esequibo, diseñadas para justificar una mayor militarización del área en disputa.
Es vital recordar que el 18 de febrero el gobierno de Guyana denunció un supuesto ataque contra sus tropas en la ribera del río Cuyuní, territorio bajo soberanía venezolana. Sin aportar pruebas verificables, esta acusación respondió a una operación de bandera falsa que busca proyectar a Venezuela como una supuesta "amenaza regional", mientras Georgetown consolida su papel como un ejecutor de intereses corporativos foráneos.
A principios de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) denunció la presencia de 28 buques de perforación y tanqueros extranjeros en aguas aun pendientes de delimitación, operando bajo la autorización del gobierno guyanés.
Es oportuno destacar que estas actividades, que incluyen la explotación y comercialización de hidrocarburos, violan flagrantemente el Derecho Internacional y el Acuerdo de Ginebra de 1966, el único instrumento válido para resolver pacíficamente la controversia territorial.
En respuesta, Venezuela activó la operación militar conjunta "General Domingo Antonio Sifontes" con el fin de resguardar su soberanía en la fachada atlántica y documentar, mediante imágenes satelitales, la presencia ilegal de estas embarcaciones.
Lo ocurrido en el CERAWeek y las maniobras en el Esequibo dejan en evidencia la estrategia de Guyana: una política de provocación y alineamiento con el poder estadounidense, mientras ignora los mecanismos legales vigentes y pone en riesgo la estabilidad de la región.
El encuentro entre Ali y el general Reed de Estados Unidos se enmarca dentro de una estrategia clara de fortalecimiento de las capacidades castrenses de Guyana bajo la tutela de Washington. Aunque el gobierno guyanés ha negado reiteradamente la posibilidad de albergar bases militares estadounidenses en su territorio, los hechos desmienten el discurso oficial.
Sobre la reunión, la prensa destaca la modernización de la Fuerza de Defensa de Guyana (FDG) como un esfuerzo orientado a la "seguridad nacional", pero la realidad apunta a un alineamiento con los intereses geopolíticos estadounidenses en la región.
En el pasado Washington ha consolidado su dominio global a través de sanciones ilegales, bloqueos y una extensa red de bases de este tipo, lo que le ha permitido ejercer control sobre recursos estratégicos y rutas comerciales en áreas decisivas.
La creciente cooperación militar con Georgetown y las inversiones en infraestructura securitaria dejan en evidencia que Guyana se ha convertido en un enclave crucial para la proyección de poder de Washington en el continente.
Desde 2020 el gobierno guyanés ha destinado más de 155 mil millones de dólares a la modernización de su aparato militar, priorizando la adquisición de nuevas tecnologías, el desarrollo de infraestructura y la capacitación de sus fuerzas de seguridad.
En su reciente reunión con la FDG Ali destacó la necesidad de adaptar las fuerzas armadas a las "nuevas amenazas", incluidos ciberataques y desafíos fronterizos. Además, el mandatario anunció la próxima licitación para la construcción de un nuevo cuartel general de defensa, una decisión que profundiza la integración de las fuerzas armadas guyanesas en la estrategia estadounidense.
Así que el anuncio confirma, una vez más, que refuerzan el papel de Guyana como un puesto de avanzada para los intereses geopolíticos de Washington.
La agenda militar conjunta entre las armadas de Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos en el Mar Caribe, realizadas el 3 de marzo bajo el ejercicio PASSEX, evidencia la intención de esos actores de afianzar su influencia en la zona.
Estas operaciones incluyeron el avance de cruceros lanzamisiles, destructores y buques patrulleros en el Área de Responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM), bajo el pretexto de fortalecer la interoperabilidad con sus socios y compartir información de seguridad marítima.
De manera paralela, la misión de Compromiso de Salud Global, liderada por las Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos, permanecerá en Guyana y otras islas del Caribe hasta abril de 2025. Esta movilización de más de 240 oficiales, incluidos 180 profesionales de la salud, opera bajo la cobertura de asistencia médica en áreas como odontología, medicina de emergencia y oftalmología.
Sin embargo, más allá del componente humanitario, esta iniciativa refuerza los vínculos institucionales y militares con Georgetown. Es evidente que, la implementación de programas como el LAMAT 2025, presentados como apoyo a los sistemas de salud locales, ha sido históricamente utilizada como un mecanismo de injerencia.
Al mismo tiempo, permite la presencia de efectivos bajo la justificación de misiones de asistencia, estableciendo una infraestructura operativa que podría activarse en escenarios de escalamiento de tensiones con Venezuela.
El recorrido de destructores y cruceros con capacidad ofensiva en proximidad al territorio venezolano, junto con el respaldo logístico en Georgetown, forma parte de una política de presión que coincide con los esfuerzos de Caracas por reafirmar su soberanía sobre el Esequibo.
Estados Unidos posee una Estrategia Integrada del País (ICS, según siglas en inglés) para Guyana, actualizada en abril de 2022, en la que establece su política exterior hacia ese Estado con el objetivo de "ayudar a Guyana" a convertirse en un líder en materia de seguridad y gobernanza en la región.
No obstante, el trasfondo de este proyecto revela una clara intención de garantizar oportunidades para las empresas y ciudadanos estadounidenses, asegurando que sus intervenciones sean "sostenibles" en el tiempo. En este esquema, ExxonMobil ha jugado un papel clave al beneficiarse de concesiones irregulares en el Esequibo y operar con el amparo de Washington, en abierta transgresión de los derechos soberanos de Venezuela.
Dicho plan establece un trabajo conjunto entre las agencias gubernamentales estadounidenses y el gobierno guyanés por un periodo de cuatro años, consolidando una coordinación estructurada en materia de seguridad, política y economía.
En este contexto, la cooperación securitaria ha sido un pilar fundamental en la relación entre ambos países. Desde 2010 Estados Unidos ha fortalecido su influencia en la región a través de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI, según siglas en inlgés), diseñada para "combatir el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales".
Bajo esta iniciativa, el Comando Sur ha establecido bases de operación, como Eteringbang y la costa atlántica, para ampliar su capacidad de acción, facilitando la presencia militar estadounidense en el Estado satélite y otros países del Caribe.
Desde inicios de 2023 y durante el 2024 se han registrado una serie de movimientos político-militares que consolidan la injerencia de Washington.
Reuniones de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y el gobierno guyanés han sido una constante. Destacan las visitas del exsubsecretario adjunto de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental, Daniel Erikson, y del general de división de la Fuerza Aérea, Evan L. Pettus, quienes han trabajado en la hoja de ruta para fortalecer la aviación militar guyanesa y su integración con el Comando Sur.
Los ejercicios conjuntos han sido uno de los mecanismos más evidentes del proceso de ocupación encubierta. En 2023 el Comando Sur dirigió los ejercicios Tradewinds, que involucraron fuerzas de países aliados como Reino Unido, Francia y Canadá, en un despliegue sin precedentes en el territorio guyanés.
Durante 2024 la militarización ha continuado su curso: la llegada del general de División Pettus marcó el inicio de un refuerzo en la "cooperación en seguridad" entre Washington y Georgetown, bajo la excusa de garantizar la estabilidad regional.
Pocos meses después el gobierno guyanés autorizó el sobrevuelo de aviones caza F/A-18F Super Hornet sobre su capital, una demostración de fuerza que no puede interpretarse sino como un acto de intimidación hacia Venezuela.
Más allá de la movilización militar evidente, Estados Unidos ha avanzado en la consolidación de infraestructura estratégica en Guyana. El Comando Sur ha financiado la ampliación del Aeródromo Brigadier Gary Beaton en Eteringbang, ubicado en una posición crucial en los límites fronterizos.
Esta infraestructura, junto con la construcción de una nueva estación fluvial para la Guardia Costera guyanesa, conforma un entramado logístico que facilita operaciones encubiertas y permite una rápida respuesta ante cualquier contingencia en la zona.
Frente a este panorama, Venezuela ha sostenido una posición firme en defensa de su soberanía desplegando una estrategia diplomática activa, denunciando la injerencia extranjera y la amenaza que representa para la estabilidad regional.
Mientras Estados Unidos y Guyana avanzan en una agenda militar con implicaciones de largo alcance, Venezuela mantiene su compromiso con la defensa de su integridad territorial a través de una combinación de estrategias legales y diplomáticas.
Guyana se ha convertido en una ficha subordinada a los intereses estratégicos de Washington en la región. Un país dirigido por un "Zelenski del Caribe", sin autonomía real en sus decisiones, representa un factor de desestabilización con implicaciones graves para la paz regional. La ausencia de un liderazgo propio en Georgetown, hoy supeditado al tutelaje estadounidense, no solo busca agudizar el conflicto con Venezuela sino que también configura un escenario de permanente inestabilidad geopolítica en el Caribe y Suramérica.
Con información de la revista eneltapete.
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