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La representación opositora planteó formalmente la derogación de un paquete de leyes coercitivas aprobadas en el país, haciendo mención específica a la denominada Ley del Odio y a la normativa destinada a la fiscalización y control de las Organizaciones No Gubernamentales (conocida como Ley Anti-ONG.

 

Los datos oficiales describen un país en plena debacle demográfica, por la emigración de los jóvenes y la reducción sustancial de la población activa.

 En el recorrido que la dirigencia nacional de Alianza Bravo Pueblo emprendió por el país -dijo su vocero Richard Blanco-, la prioridad por la que claman los venezolanos es rescatar la institucionalidad, empezando por escoger a una Presidenta de la República que invierta la plata en recuperar los servicios básicos. Los demás cargos de elección popular vendrán después.