Agencia Alfayaracuy
El abogado y profesor universitario José Ignacio Hernández destacó que el acuerdo energético establecido entre Estados Unidos y Venezuela con el cual el país estima ingresos en torno a los 209.000 millones de dólares durante los 25 años que dura el convenio, requiere pasar por una serie de controles legales.
«Un acuerdo de esta magnitud requiere pasar por diversos controles e incluso, autorizaciones legislativas», afirmó Hernández, aunque subrayó que en las condiciones actuales del país «esos controles resultarían inefectivos».
Agregó que los acuerdos de largo plazo, que abarcan un porcentaje importante de las reservas petroleras, no pueden ser suscritos bajo condiciones temporales. «La ausencia de un mandato constitucional claro es otra limitación», recalcó
Para el profesor y experto en temas petroleros, el problema no está en el diseño o planteamiento del pacto energético entre ambos países ya que consideró necesario el establecimiento de un acuerdo de seguridad emergencia con Estados Unidos. «El problema está en cómo se va a implementar. Esto es lo más importante», recalcó.
Recordó que, según la información oficial, el acuerdo cubre 17 proyectos que serán explotados bajo los nuevos Contratos de Participación Productiva (CPP) establecidos en la Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. «Esto incluiría contratos con empresas mixtas. De allí el lapso de 25 años», agregó.
También explicó que debido a que algunos de esos proyectos son en campos verdes (greenfield) se anunció una alícuota integrada del 16%, «menor al tope más bajo» previsto en el Reglamento de la Reforma a la Ley de Orgánica de Hidrocarburos.
No obstante, remarcó que una de las dudas principales reside en cómo se estructura el rol del Gobierno de Estados Unidos y el porcentaje de crudo que se destinaría a sus Reservas Estratégicas de Petróleo. «La Constitución de Venezuela no permite ceder territorio a gobiernos extranjeros. Tampoco permite disponer del petróleo», dijo en una publicación en su perfil de “X”.
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