
¿Gobernar sin Identidad?: El dilema constitucional de la nacionalidad presidencial
Agencia Alfayaracuy
La exmagistrada venezolana Blanca Rosa Mármol afirma que la nacionalidad colombiana de Nicolás Maduro quedó finalmente comprobada ante un tribunal de Estados Unidos. Según la magistrada, la Registraduría Nacional de Colombia respondió de manera oficial a una solicitud del juicio que se sigue en Nueva York, confirmando que Maduro es colombiano por nacimiento y filiación.
Esta revelación daría sustento legal a lo que muchos han sostenido por años: que durante más de una década Venezuela ha sido gobernada por alguien que, según la constitución, tendría un impedimento legal para ejercer el cargo. Más allá de los documentos técnicos, la realidad detrás de este misterio es la de un 'niño de frontera'. Al ser hijo de madre colombiana y padre venezolano —(nacionalidad venezolana cuestionada por Julio César García, presidente de la Academia Colombiana de Genealogía, quien indica que el padre de Maduro también fue colombiano nacido en el departamento del Magdalena)—, estos niños nacidos en frontera, en ese entonces, crecían bajo esos parámetros culturales de ser un poco de un lado y del otro.
Bajo todas estas circunstancias, Maduro creció en un escenario donde los límites entre ambos países eran borrosos y donde era sumamente común que los registros de nacimiento se hicieran de forma tardía o fueran imprecisos. Esta dinámica social de la época explica por qué ha sido tan difícil encontrar papeles claros; en esos años, muchos niños pertenecían a ambos lados de la frontera y sus familias no siempre cumplían con los formalismos legales de inmediato. Esta falta de claridad es lo que permitió que el tema se mantuviera en la sombra, incluso ante gobiernos colombianos que fueron fuertes opositores al chavismo y que, de haber tenido una prueba contundente, la habrían utilizado. Sin embargo, si lo que afirma la magistrada Mármol es cierto, el vacío de información en las notarías finalmente habría sido llenado por una respuesta institucional de Colombia ante la justicia estadounidense, cerrando así un círculo de dudas que ha marcado la historia política reciente de la región.


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