Estados Unidos ha dado luz verde para que el Gobierno de Venezuela pague los honorarios de la defensa del depuesto Nicolás Maduro, que permanece detenido en Nueva York acusado de narcotráfico, según un documento judicial.
Hasta ahora, la Administración estadounidense impedía que el Gobierno venezolano cubriera los honorarios de los abogados de Maduro y de su esposa Cilia Flores, también encarcelada y procesada por tráfico de drogas, debido a las sanciones internacionales que pesan sobre el país.
La defensa del matrimonio se había aferrado a este punto para intentar lograr la anulación de la acusación, con el argumento de que prohibir a un acusado acceder al abogado de su elección constituye una violación de un derecho garantizado por la Sexta enmienda de la Constitución estadounidense.
Ahora, el Departamento del Tesoro va permitir «a los abogados de la defensa recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones», ha escrito el fiscal de Nueva York, Jay Clayton, al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, en una carta fechada el viernes.
Según la misiva, los fondos deben haber estado disponibles después del 5 de marzo de 2026 y no pueden proceder de las ventas de petróleo venezolano reguladas en Estados Unidos, que controla de facto la exportación de crudo del país caribeño. Estos ingresos se depositan en cuentas especiales supervisadas por Washington.
De acuerdo con el escrito presentado el viernes, la defensa reconoce la exención de las sanciones y retira por ahora su moción para desestimar los cargos.
Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero en Caracas durante una operación militar del Ejército estadounidense, que involucró unos 150 aviones y helicópteros, además de tropas terrestres. Desde entonces, permanecen recluidos por separado en una prisión de máxima seguridad en el distrito neoyorquino de Brooklyn.
Maduro se autodenomina «prisionero de guerra» y se ha declarado no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
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