Jueces y fiscales implicados en una escandalosa trama de corrupción en Anzoátegui

Puerto La Cruz.- La ciudadana Cinzia Florian Mago, gerente de la empresa Inmar Los Aleros, denuncia una trama de corrupción y terrorismo judicial en el estado Anzoátegui, en donde estarían implicados jueces y fiscales del Ministerio Público.

 

Se solicita al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la Fiscalía General de la República, la intervención y una profunda investigación contra los funcionarios del poder judicial y de la vindicta pública.

 

"Trabajadores de Inmar Los Aleros, en un grito desesperado por justicia, víctimas de la red de corrupción y terrorismo del poder judicial, exhortaron a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, y al fiscal general de la República, Tarek William Saad, a qué ordenen una exhaustiva investigación en este escandaloso caso.

 

Cinzia Florian Mago precisó que este caso ha tomado un cariz criminal tras la denuncia que se ha formulado. "Me han obligado a firmar documentos bajo amenazas de muerte y presión psicológica".

 

Subrayó que los fiscales del MP ignoran sentencia del TSJ a favor de los legítimos propietarios de locales comerciales para favorecer a empresarios a través de la "justicia por encargo".

 

La denuncia aseguró que los fiscales públicos, actuando como agentes de choque, habrían advertido a las víctimas de que si no entregaban las llaves de los inmuebles, serían privados de libertad, utilizando la detección forzada como moneda de cambio para consumar el desalojo patrimonial.

 

 

En la trama corrupta se desacata la sentencia firme del TSJ (Exp. AA20-C- 2021-0224) a favor de los afectados.

Mientras las fiscales públicos Hernández y Guerrero han decidido colocarse por encima de la Ley, ejecutando desalojos arbitrarios en las instalaciones de Inmar Los Aleros (Paseo Colón), en desacato y desconociendo al TSJ tras vulnerar el Estado de Derecho.

 

En un intento por dar barniz legal al atropello y la arbitrariedad, la Fiscalía argumenta que protege al ciudadano Sigfredo Mendoza Reyes. No obstante, la denuncia revela un hecho insólito: Mendoza Reyes falleció el 28 de junio de 2025.

 

El despacho fiscal trata de ejecutar una acción penal "post mortem", ignorando que la responsabilidad penal se extingue con la muerte, con el único fin de favorecer los intereses económicos de terceros sobre bienes de alto valor comercial.

 

Los afectados aseguran que al empresario Héctor Reyes (vinculado a Fuerza Motor y Assa Oriente) como el autor intelectual de este despojo, quien recibió supuestas dádivas y con el uso de documentos fraudulentos obtenidos de funcionarios fuera de servicio, utilizó a la Fiscalía 1era del MP como su brazo ejecutor. Esta práctica recurrente busca desplazar a los legítimos propietarios como el reconocido constructor Oswaldo Diberaldino, quien posee la razón jurídica civil en este conflicto.

 

"Aquí no podemos hablar de justicia justa, mientras fiscales públicos utilizan su poder para amenazar de muerte y apropiarse de propiedades desacatando la sentencia del TSJ. ", dijo Cinzia Florian Mago. Enfatizó, tememos por nuestra integridad física tras formular esta denuncia.

 

Un aspecto crítico de la trama corrupta es el desacato de la sentencia Casada y sin reenvío del 02/11/2022, dictada por el TSJ, la cual otorga la razón jurídica a los legítimos propietarios. Pero pese a la existencia de esta sentencia firme, las fiscales Hernández y Guerrero, han ejecutado desalojos arbitrarios, desconociendo deliberadamente la autoridad del máximo tribunal de la República, y vulnerando el Estado de Derecho para favorecer a terceros.

 

Finalmente Cinzia Florian Mago expresó que la investigación señala una estafa procesal al pretender ejecutar acciones legales en nombre de un ciudadano muerto en junio de 2025, y el Ministerio Público utiliza la figura de este beneficiario difunto para validar el uso de documentos presuntamente forjados, los fueron gestionados de manera irregular en Notarias de Caracas.