Dick Elías Torres CNP 4691
El debate parlamentario sobre una ley de amnistía debe convertirse en la oportunidad para sanear el poder judicial, comenzando por el fiscal general y el Tribunal Supremo de Justicia, plantean los abogados Marcelo Díaz Bracho y Coromoto Ramos.
La discusión sobre la normativa se inicia este martes en la Asamblea Nacional por instrucciones de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.
Los representantes de la Organización Latinoamericana de Capellanes de los Derechos Humanos (Orgalatín), Marcelo Díaz Bracho, presidente, y Coromoto Ramos alertaron que “los jueces no pueden ser fichas ejecutoras del aparato represivo del gobierno”.
“Desmantelar el aparato represivo contra la población venezolana es igualmente una prioridad”.
Ambos directivos refirieron de varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referente a una justicia independiente.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos es el tratado fundamental de la OEA que obliga a los Estados firmantes a respetar y garantizar derechos civiles, políticos, económicos y sociales fundamentales.
“La justicia se aplica respetando el debido proceso y no a través de legislaciones que violan derechos humanos como la Ley contra el Odio y Simón Bolívar”.
“La amnistía debe ser parte de un proceso amplio de justicia transicional para enfrentar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos”.
Díaz y Ramos consideran que ese proceso debe incluir el desmantelamiento del aparato represivo, el saneamiento del sistema judicial y la derogación de leyes represoras.
