La legitimidad del poder pasa por el respeto a la
soberanía popular
COMUNICADO
LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DEL PODER
PASA POR RESPETAR LA SOBERANÍA
POPULAR
El pueblo venezolano se movilizó con
espíritu cívico el 28 de julio de 2024 para expresar su deseo de transformación
del país, y sigue exigiendo el respeto a su voluntad, lo que implica una
verificación transparente de los resultados electorales.
El Consejo Nacional Electoral no
cumplió con su obligación de publicar resultados en forma tabulada como parte
integral del proceso de totalización de resultados. Tal incumplimiento, además
de contrastar con una práctica que, normada por los artículos 150 y 155 de la
LOPRE, se ha hecho regular en cada elección, es reflejo de graves omisiones
legales y operativas por parte del ente rector. Confiar en la autoridad de la
institución como regulador de estos procesos es imposible si no se garantiza
transparencia en los procedimientos, cálculos y emisión de resultados,
garantizada a su vez por la serie de auditorías ciudadanas y técnicas
estipuladas como requisito inobjetable para la proclamación de un candidato
como ganador. Esa transparencia que genera certidumbres a la sociedad es
principio inherente al respeto de la soberanía popular y la legitimidad
democrática del ejercicio del poder.
De allí que la juramentación de un
candidato como presidente en ejercicio sin haber cumplido con lo estipulado en
la Constitución, las leyes y reglamentos electorales, haya generado contundente
rechazo tanto en el país como en el mundo. Reparar el daño estructural y
profundo que eso produjo en la confianza hacia la institución electoral y el
voto -herramienta democrática insustituible para definir soberanamente el
destino de una República, que cobra mayor relevancia cuando se trata de dirimir
un largo conflicto y habilitar cambios sin violencia- es una necesidad que
impone desde ya el más arduo de los desafíos, la restitución de la legitimidad
del sistema democrático.
El derecho a la protesta ciudadana
consagrado en el artículo 68 de la CRBV ha sido respondido con endurecimiento
sin precedentes ni justificación de la represión, persecución y amedrentamiento
de activistas sociales y políticos y sus familias, así como de periodistas; con
detenciones arbitrarias de voces disidentes y negación de las garantías más
elementales de un debido proceso. Aún más grave, se han detenido a ciudadanos
comunes por el simple hecho de ejercer y defender sus derechos políticos.
El Foro Cívico exige poner fin a
todas las detenciones injustas y arbitrarias, continuar con las liberaciones de
las personas privadas de libertad por razones políticas y garantizar el pleno
respeto de los derechos humanos, incluido el derecho de asociación, reunión
pacífica y libertad de expresión.
En este sentido valoramos el regreso
a Caracas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH) como una gestión pertinente en medio del complejo
contexto: una que implica la incorporación y asistencia de observadores
multilaterales e imparciales de las acciones del Estado en el territorio, así
como las liberaciones recientes de menores de edad y otras personas detenidas
injustamente tras el 28 de julio. Urge que se mantengan y profundicen los
canales de colaboración con la OACNUDH de manera constructiva y efectiva, así
como con los mecanismos regionales y globales que apoyan una solución negociada
y democrática a la crisis.
El pasado 28 de julio 12.386.669
venezolanos acudimos a las urnas para contarnos, reconocernos en nuestra
diversidad, manifestar nuestro deseo de cambio, ejercer nuestro derecho a
elegir en libertad, sumar voluntades por el restablecimiento del Estado de
Derecho y, en atención a la garantía constitucional que confiere el ejercicio
de la soberanía, designar libre y pacíficamente a nuestros representantes. Ese
mandato refrendado por la mayoría debe ser asumido por todos los sectores
políticos, quienes poniendo a los venezolanos en el centro de sus agendas,
están llamados a la urgente reconstrucción del espacio político y la
edificación de garantías institucionales compartidas. Una aspiración sólo posible
cuando dichas garantías se basan en el reconocimiento mutuo y normas claras de
convivencia democrática, que den paso pronto y definitivo a la renovación del
sistema político en su conjunto y, con ello, a la plena reinstitucionalización
del Estado y al respeto de la Constitución de la República vigente, hoy
gravemente vulnerada.
En atención a este objetivo estamos
llamados a encontrarnos y sumar esfuerzos los diversos actores que en Venezuela
defendemos la vigencia de los valores democráticos, así como los actores
regionales e internacionales. A estos últimos, aliados invaluables en medio de
esta comprometida situación, los exhortamos a seguir facilitando una
interlocución eficaz en aras del cumplimiento de la norma constitucional y, por
ende, de la consecución de una salida democrática bajo la conducción de los
propios venezolanos. Rechazamos los llamados a intervenciones de fuerzas
internacionales, así como cualquier propuesta de solución que anticipe todavía
más sufrimientos, amenazas a la vida y daños irreversibles para una población
cada vez más desmejorada.
El apoyo internacional es clave en el
esfuerzo por encontrar el camino hacia una solución pacífica y democrática a la
dificultad que se ha agravado notablemente desde el 28J en adelante, así como
para restaurar las capacidades del Estado y dar respuesta a las demandas del
pueblo de Venezuela.
Quienes conformamos el Foro Cívico
continuaremos trabajando desde nuestros espacios naturales, promoviendo el
encuentro entre venezolanos, fomentando el trabajo colectivo, colaborativo y
solidario entre personas y organizaciones en pos de concreciones. La aspiración
es poder hacer llegar estas demandas a las instancias de ejecución y
sensibilizar a los actores responsables de la toma de decisiones, proponer
ideas compartidas y fortalecer capacidades para abordar las necesidades
urgentes de una población que sufre las consecuencias de la profundización de
la crisis política. El compromiso es persistir en el trabajo conjunto por la
restauración del Estado de Derecho, la racionalidad democrática, la paz
posible, el respeto de la voluntad popular como expresión de la Soberanía
Nacional, y por la plena vigencia de los derechos humanos de todos los
venezolanos.
Caracas, 16 de enero de 2025